El Índice de Integridad de las instituciones públicas de Panamá 2009 es uno de los proyectos que impulsa la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, capítulo panameño de Transparencia Internacional apoyado por la Fundación de las Naciones Unidas para la Democracia (UNDEF).  Dicho índice, tiene como objetivo  la medición de los factores de Transparencia, Participación Ciudadana e Institucionalidad de treinta y cuatro instituciones públicas. Es una herramienta novedosa y creativa que permite identificar los riesgos de que se presenten prácticas corruptas en las entidades, al no poseer las mimas sistemas formales, que estos no cumplan con parámetros de calidad o se infrinjan.  Es una metodología para mejorar la gestión, más allá de una simple calificación evaluativa, con parámetros de exigencia de calidad y mejoras de los procesos de una manera permanente y actualizada, por lo que se espera que las instituciones la utilicen para autoevaluarse anualmente. 

La evaluación del año 2008 (primera experiencia con el índice), se concentró mayormente  en la identificación de procesos de prevención de corrupción, transparencia y niveles de participación ciudadana. La herramienta no buscaba, como misión fundamental, medir la calidad de cumplimiento de estos sistema, sin embargo,  el mencionado estudio permitió conocer en cada institución cómo se estructuraba el marco de los factores estudiados realizando una especie de inventario de procesos a medir, lo cual permitió adecuar  la herramienta en el año 2009.

A partir de la medición del año 2009, las instituciones tienen ante sí el reto de mejorar la puntuación obtenida en el año inmediatamente anterior, ya que se hará énfasis en la medición de la calidad y cumplimiento, así como funcionalidad y operatividad de los mecanismos formales y sistemas que promueven la transparencia, participación ciudadana e institucionalidad, sobre la base no solamente de normas internas, sino de compromisos consignados en convenciones internacionales, cartas iberoamericanas, códigos de buen gobierno, acuerdos de buenas prácticas entre otros instrumentos que sustentan la necesidad de adoptar cambios que redunden en el constante mejoramiento de la gestión pública, lo que incluye la reducción de los espacios donde pueda generarse corrupción y malas prácticas.

 

 

 

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