17 de Diciembre de 2020
Con la mayor preocupación por el estado de nuestras estructuras democráticas denunciamos y condenamos las actuaciones represivas y abusos de la Policía Nacional el día de ayer, miércoles 16 de diciembre, contra el grupo de jóvenes que hacían uso de su derecho de manifestación, como lo contempla nuestra Constitución. No solo las imágenes que han inundado las comunicaciones en redes y noticieros evidencian acciones desproporcionadas contra población civil desarmada, sino que múltiples reportes señalan negación o demora injustificada al derecho de defensa, al no permitir que los jóvenes, una vez detenidos, tuvieran acceso oportuno a sus abogados.
Estas actuaciones por parte de la Policía Nacional no son aisladas, hacen eco de las represiones desproporcionadas que se dieron hace un año contra jóvenes manifestantes —que se oponían a las modificaciones constitucionales absurdas redactadas por diputados de la Asamblea Nacional— y se suman a múltiples actuaciones autoritarias, que desconocen los derechos humanos civiles y políticos de la ciudadanía. Los derechos que contempla la Constitución siguen vigentes para los habitantes del país. Exigimos que la Policía Nacional y el Ministerio Público inicien investigaciones administrativas y penales contra las unidades y las directrices involucradas y que estos actos no queden impunes.
Exigimos al presidente Laurentino Cortizo y al Consejo de Gabinete que revise las actuaciones del Ministerio de Seguridad y los estamentos de seguridad bajo su administración, que dicho Ministerio sea dirigido por ciudadanos con formación civil y en derechos humanos, no militar, que recuerde que nuestra Constitución señala que “la República de Panamá no tendrá ejército”. Igualmente, exigimos a la Defensoría del Pueblo cumplir de oficio con su mandato constitucional y ser la voz de los sin voz frente al Poder Estatal.
Dentro de los Derechos Humanos fundamentales está la libertad de expresión, y los instrumentos internacionales reconocen hoy el derecho de acceso a la información pública como parte inherente de derechos de libertad de expresión. Ese derecho tampoco está en cuarentena, si bien en múltiples casos documentados por medios, organizaciones y ciudadanos, durante la pandemia funcionarios retrasan injustificadamente o no contestan las peticiones de acceso a la información pública. Los decretos de emergencia tampoco suspendieron este derecho y exigimos su fiel cumplimiento y que la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública cumpla con su rol de exigirlo.
Los derechos civiles y políticos de todos los ciudadanos, sin distinción alguna, son fundamentales en cualquier democracia, su defensa y cumplimiento son esenciales a la gobernanza del país y el bien común.
Panamá, 17 de diciembre de 2020.