Procuraduría de la Administración acogió denuncia e inicia investigación sobre la legalidad de la consulta ciudadana usada como justificación para el nuevo Mercado del Marisco en la Cinta Costera

12 de Mayo de 2022

Desde la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, Capítulo Panameño de Transparencia Internacional, presentamos el pasado 18 de abril de 2022 ante la Procuraduría de la Administración una Denuncia Administrativa para que se examine la legalidad de lo actuado por el Alcalde de Panamá y sus funcionarios, durante el acto de consulta ciudadana llevado a cabo el 11 de noviembre de 2020,  y que ha sido usado como justificación para el proyecto de un nuevo Mercado del Marisco y centro comercial en el área pública de parque y esparcimiento conocido como Mirador del Pacífico. El informe de dicha consulta ciudadana lleva el número #47-2020 y ha sido publicado en línea por la Alcaldía de Panamá.

Mediante Resolución No. PA/DS 151-2022 del 4 de mayo de 2022, la Procuraduría de la Administración acogió la denuncia presentada por la FDLC-TI Panamá y ha dado inicio a las acciones necesarias para la investigación pertinente al Alcalde y funcionarios alcaldicios sobre la consulta ciudadana en cuestión.  

La denuncia de la Fundación se basa en que la Alcaldía obvió el mecanismo de consulta ciudadana aplicable a la ejecución de proyectos con fondos provenientes del impuesto de bienes inmuebles (IBI), establecido en el artículo 84 del Decreto Ejecutivo Nº10 del 6 de enero de 2017, denominado audiencia pública en el programa IBI, en el que se establecen reglas y procedimientos de consulta que no fueron cumplidos.  

Adicionalmente, indica la denuncia que en el informe #47-2020 de la consulta ciudadana en cuestión, en el listado de 25 firmantes aparece el nombre de 3 personas, que coinciden con la planilla del mes de marzo de 2022 del Municipio de Panamá, publicada en su sitio web,  dando origen a un posible conflicto de interés.  

FDLC-TI Panamá reitera su compromiso de seguir luchando por procesos transparentes y que los mecanismos legítimos de participación ciudadana sean respetados.