Negociación con Minera Panamá: Falta de transparencia y desconfianza ciudadana

16 de Diciembre de 2022

 

Desde la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana – Capítulo Panameño de Transparencia Internacional – hacemos un llamado de atención al Gobierno Nacional, en relación a la falta de transparencia en el proceso de negociación con Minera Panamá, así como en el el uso y manejo de los fondos públicos en general.

 

El caso de Minera Panamá, representa un claro ejemplo de falta de transparencia por parte de varias Administraciones, incluyendo la actual.

 

A partir del anuncio hecho por el Ejecutivo en enero de 2022 sobre el acuerdo alcanzado con la empresa que garantizaba un pago mínimo de $375 millones anuales, aumentando el porcentaje en regalías, poco o nada se ha sabido hasta el día de ayer, cuando se anunciaron las medidas de suspensión de las actividades comerciales de Minera Panamá.

 

La falta de datos concretos impide a la ciudadanía analizar si el Gobierno está defendiendo los mejores intereses de la población, o si existen conflictos de interés o  influencias indebidas en la negociación.

 

Precede a este caso la renovación del Contrato de Panamá Ports hace un año, en otro ejercicio de opacidad del Ejecutivo. La injusta remuneración que aceptó el Gobierno, así como la concesión de un monopolio por otros 25 años, impide que Panamá aproveche plenamente la existencia del Canal y su posición geográfica con el desarrollo del sector portuario, como lo han hecho países y centros marítimos-portuarios-logísticos de vanguardia mundial.

 

La obligación legal de transparencia y acceso a la información pública ha retrocedido alarmantemente en esta administración, siendo reemplazada por inauditos silencios, ilegales negativas e impunidad.

 

La democracia, que estos días se encuentra amenazada en muchas partes del mundo, requiere la defensa activa y permanente de los ciudadanos, exigiendo el rendimiento de cuentas a las instituciones, funcionarios y políticos.

 

La transparencia es la única herramienta que puede devolver la confianza en la gestión gubernamental y fortalecer la institucionalidad democrática.

 

 

Panamá, 16 de diciembre de 2022. 

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