Estado de Derecho y Constitucionalidad 

2 de Noviembre de 2023

Estado de Derecho y Constitucionalidad  

La mayoría de los diputados de la Asamblea Nacional hoy vuelven a generar profunda desconfianza y rechazo ciudadano al intentar derogar el Contrato-Ley 406 de concesión minera, contra los mejores intereses del país en una compleja situación legal y económica, después de habernos sumido en una crisis social y política con la jugarreta legislativa que aprobó el propio Contrato-Ley el pasado 20 de octubre y que llevó a múltiples grupos de jóvenes y sectores a defender nuestra democracia a través de la protesta ciudadana.  

Hoy vuelven a desplegar irresponsablemente una visión cortoplacista alejada del bien común, burlando su rol constitucional de representación y contrapeso, al haber añadido un artículo de derogación al Proyecto de Ley 1110 de Moratoria Minera, presentado el 30 de octubre por el Ejecutivo como una de las respuestas al clamor ciudadano, y pretenden aprobarlo hoy en tercer debate.  De lograrlo, los diputados hundirán al país en un mayor “atolladero jurídico” como ha expresado el Dr. Carlos Bolívar Pedreschi, ya que el propio Contrato-Ley 406, en su cláusula 46, establece que la guarda de la integridad de la Constitución Nacional de la República de Panamá es la única excepción a dirimir todas las controversias entre las partes, vía arbitraje internacional. La fórmula que mejor protege los intereses del país, frente a un potencial reclamo billonario, es la de esperar a que la Corte Suprema de Justicia emita su fallo sobre la inconstitucionalidad del Contrato Ley, como corresponde en un Estado de Derecho.  

Hacemos un llamado enérgico a los diputados a eliminar el artículo de derogatoria del proyecto de ley en discusión el día de hoy. Si no protegen los intereses del país, por favorecer los intereses de la contraparte o por intentar rescatar su pellejo político ante la ciudadanía, hacemos un llamado al Presidente Laurentino Cortizo para que vete la ley y no hunda al país en un caos peor, que nos va a alejar más de la voluntad expresada en las calles por la ciudadanía, que es la soberana.  

Panamá, 2 de noviembre de 2023. 

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