2 de Octubre de 2024
Se hicieron públicas las designaciones del Presidente José Raúl Mulino, en ejercicio de su mandato constitucional, para los cargos de Procurador General de la Nación y Procurador de la Administración, funcionarios que están llamados a promover el cumplimiento de las leyes, el Estado de Derecho y a perseguir los delitos. Asumirán sus respectivos cargos a partir de enero próximo, después del proceso de aprobación por parte de la Asamblea Nacional, cuyo rol de contrapeso debe ser ejercido con fidelidad al mandato constitucional.
El Procurador General de la Nación designado, Luis Carlos Gómez, viniendo del círculo de confianza del presidente, tendrá que demostrar con sus acciones una de las cualidades más importantes para el ejercicio de la administración de justicia: la independencia. Hay mucho que hacer en el Ministerio Público: lograr la estabilidad de carrera para los fiscales, elevar las capacidades de funcionarios para investigaciones efectivas, enrumbar una institución que ha tenido tres procuradores en diez años, los dos primeros abandonando el cargo en medio de circunstancias que generaron profunda desconfianza ciudadana.
La Procuradora de la Administración designada, Grettel Villalaz de Allen, llega con una trayectoria de integridad en el ejercicio de la práctica privada del derecho, al igual que con experiencia en el servicio público ejercido con probidad. La Lic. Villalaz de Allen fue hasta hoy miembro de nuestra Junta Directiva y elogiamos su vocación de servicio al país. Recibe una Procuraduría de la Administración que se ha destacado por su independencia y la defensa del Estado de Derecho, con un centro de capacitación y formación que ha elevado el servicio público. Confiamos en que la procuradora designada hablará con sus acciones, manteniendo y expandiendo la integridad y servicios de la institución.
El ejercicio correcto de la labor que cada una de estas instituciones debe ofrecer al país, se constituye en pieza clave para la defensa de nuestra Democracia y el respeto a las garantías fundamentales, además de ser indispensables en la lucha contra la corrupción, el crimen organizado y la impunidad.
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Panamá, 2 de octubre de 2024.
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