16 de Noviembre de 2018
Un nuevo escándalo toca las puertas de la Corte Suprema, provocando un generalizado y peligroso sentimiento de desconfianza sobre las actuaciones de quienes forman parte del Sistema de Justicia panameño.
Las revelaciones sobre interferencias externas y manejos fraudulentos que supuestamente involucran a miembros de la más alta corporación de justicia, se suman al penoso y nunca aclarado episodio de la visita del presidente de la Corte, magistrado Hernán De León, a la procuradora de la Nación, Kenia Porcell.
En el centro de todo está el accidentado proceso que enfrenta el expresidente Ricardo Martinelli por violar la intimidad de los panameños, así como la enorme cantidad de casos vinculados a la escandalosa corrupción ocurrida durante la pasada Administración.
La impunidad parece estar ganando terreno. El bochornoso fallo de la Corte Suprema de octubre de 2017 que cerró el caso Finmeccanica; los reiterados y muy cuestionados fallos salidos del juzgado XV penal a cargo del juez Leslie Loaiza; las infinitas artimañas de los equipos legales de los procesados; la falta de resultados en el caso Odebrecht, así como la generalizada percepción de selectividad del Ministerio Público, dejan en evidencia un panorama muy grave.
La Fundación Libertad Ciudadana ha estado monitoreando el desempeño y la capacidad del Órgano Judicial de procesar y resolver 20 casos de corrupción de alto nivel, y hemos comprobado que la falta de voluntad y de recursos para la implementación de la carrera judicial, la interinidad de los jueces, el exceso de recursos judiciales temerarios, la incapacidad de realización de la audiencias, el uso cuestionable de acuerdos de colaboración eficaz, están dando como resultado una mora judicial escandalosa.
Es incomprensible que los Magistrados de la Corte Suprema ignoren su obligación legal de crear un Tribunal de Ética e Integridad, para enfrentar con los estándares de mejores prácticas internacionales para la independencia judicial, las irregularidades que ocurren en juzgados y tribunales. Aquí también se manifiesta la impunidad.
Además, el Ejecutivo ha impactado la capacidad del Órgano Judicial de forma negativa en dos aspectos: la inédita mora en el nombramiento de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y la falta de asignación de los presupuestos necesarios para la implementación de la Carrera Judicial.
La crisis institucional descrita está generando una profunda desconfianza en la ciudadanía sobre la justicia como un servicio público, pilar de la democracia y garante de la igualdad ante la ley. Es mucho lo que está en juego. Urge voluntad política para el cambio y acción ciudadana para exigirlo.
Panamá, 16 noviembre 2018.