4 de Julio de 2017
El país quedó consternado hace dos meses frente a la evidencia que la investigación publicada por el diario La Prensa arrojaba: a través de un mecanismo de donaciones y subsidios que no llegaban a los beneficiarios, diputados de la Asamblea Nacional habían gestionado alrededor de 14 millones de balboas entre julio de 2014 y diciembre de 2016. La consternación aumentó frente a la decisión de la Corte Suprema de no acoger una denuncia penal contra los 14 diputados involucrados y la incapacidad de la misma Asamblea de investigar este peculado en su propio seno. Frente a este escenario de abuso, la Corte Suprema emitió su fallo en marzo pasado declarando inconstitucionales dichas donaciones porque están fuera de la acción que la Constitución reserva a los diputados.
Ante la aparente certeza de impunidad en el caso, nuestra organización presentó ante Ministerio Público, el 22 de abril de 2017, una denuncia penal contra cinco funcionarios de la Asamblea y una funcionaria de la Contraloría que fueron parte de este esquema de donaciones ilegales. Estos funcionarios no gozan de la inmunidad que mantiene a los diputados al margen de responder ante la ley por sus actos. La denuncia fue admitida y se encuentra en investigaciones por la Fiscalía Segunda Anticorrupción.
La semana pasada, se dieron dos hechos preocupantes: primero, el nombramiento de Luis Cruz, uno de los funcionarios denunciados por nuestra organización como parte del esquema ilegal de las donaciones, como secretario general del Municipio de Santiago. Segundo, las declaraciones de la nueva presidenta de la Asamblea Nacional, Yanibel Abrego, respaldando este esquema ilegal de manejo de fondos, que de alguna manera perpetua las practicas clientelistas de las partidas circuitales. Es decepcionante que quien representa el poder legislativo insista en un mecanismo fuera de la ley, que ya probó ser una puerta trasera por donde se esfumaron 14 millones de dólares de los contribuyentes y una probada práctica corrupta. ¿Dónde está la institucionalidad? ¿Dónde está el respeto al estado de derecho?
Nuestra organización hace un llamado a la presidenta de la Asamblea, a los diputados honestos y a la sociedad a que no apoyen estas prácticas corruptas, a acatar el fallo de la Corte Suprema y a restablecer el propósito y esfera de acción de los diputados como representantes del poder delegado en ellos para crear las leyes que el país necesita, y no usurpar funciones de autoridades locales, municipales y comunitarias a través de prácticas clientelistas en sus circuitos, buscando y procurando el manejo de fondos que la Constitución no les concede.
Confiamos también en las investigaciones que lleva a cabo la Fiscalía Segunda Anticorrupción y que todos los responsables del uso indebido de fondos a través de las supuestas donaciones, que asciende a 14 millones de balboas, respondan ante la ley y se logré la recuperación de este patrimonio.
Panamá 4 de julio de 2017.