El Acceso a la Información pública, Derecho Universal atemporal  

28 de Septiembre de 2020

 

 

 

Hoy 28 de septiembre, en el Día Internacional del Derecho de Acceso Universal a la Información, desde la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, Capítulo Panameño de Transparencia Internacional, queremos destacar la importancia de la fecha y de un acceso real y efectivo a la información pública, cónsono con las necesidades actuales de cero opacidad y absoluta veracidad frente a la crisis sanitaria, económica y social producto de la pandemia Covid19,  donde el buen uso de los recursos del Estado puede ser la diferencia entre la vida y la muerte, entre el fracaso o la recuperación económica, entre la gobernabilidad y la crisis institucional de confianza ciudadana. 

 

Con gran preocupación  observamos como el estado de excepción jurídica en el que vivimos  (Resoluciones de Gabinete No. 11 del 13 de marzo de 2020 y No. 18 del 31 de marzo de 2020), ha traído una relajación en el estándar de transparencia y en el deber de cumplimiento de funcionarios e instituciones de contestar las solicitudes de acceso a la información pública, como se detalla en el artículo del diario La Prensa “En pandemia, el acceso a la información pública se queda sin tutela”   de la autoría del Dr. Rodrigo Noriega. Se le añade la estocada dada por la Corte Suprema de Justicia  con el fallo del 14 de septiembre pasado negando una solicitud de Hábeas Data sobre el quehacer del Ministerio de la Presidencia.  No solo es lamentable, sino que alimenta el error de criterio de los funcionarios que no entienden el deber de la transparencia proactiva y mucho menos el fundamental “derecho a saber”, consagrado por la Ley 6 de 22 de enero de 2002 que dicta normas para la transparencia en la gestión pública, establece la acción de Hábeas Data y dicta otras disposiciones, conocida como la “Ley de Transparencia”.

 

El pasado 31 de julio 2020, la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (ANTAI) cerró una consulta en línea -exclusivamente a través de correo electrónico- para recibir consideraciones sobre una posible reforma a la Ley de Transparencia y la Ley 33 de 25 de abril de 2013 que crea la ANTAI.

 

Nuestra Fundación contribuyó con una opinión sobre ambas leyes que puede consultarse y descargarse aquí: Aportes de la FDLC-TI Panama a la consulta en línea sobre la Ley de Transparencia y la Ley de ANTAI   y que cubre los siguientes aspectos: necesidad de modernización de las leyes consultadas,  control de la convencionalidad en materia de libertad de expresión y acceso a la información,  propuestas legislativas de parte de los diputados Gabriel Silva, Juan Diego Vásquez y Zulay Rodríguez de modificación  a la Ley de Transparencia,  recomendaciones específicas al articulado de la Ley de Transparencia y de la Ley de ANTAI y reflexiones ante la temporalidad y la falta de transparencia durante el estado de excepción.  No son situaciones nuevas, por eso la modernización de ambas leyes es parte de los aspectos planteados en el #RetoTransparecia2019, iniciativa de nuestra organización y compromiso adquirido por el actual presidente de la República cuyo monitoreo de cumplimiento puede verse aquí: ¿Cómo cumple la administración Cortizo con el #RetoTransparencia2019? 

 

Indudablemente, nuestra Ley de Transparencia, que data de hace 18 años, requiere una revisión y modernización para ampliar, asegurar y actualizar tecnológicamente  la obligación de transparencia proactiva del Estado y cualquier ente privado que ejecute fondos públicos (como las Asociaciones Público-Privadas), así como  mejorar la capacidad de ANTAI para lograr el cumplimiento de parte de las entidades y servidores públicos, nuestra organización recomienda que la discusión sea llevada al plano nacional a través de una amplia consulta pública que involucre a la academia, los medios, los gremios profesionales y obreros, las ONGs y todas las fuerzas vivas del país ya que el momento actual es el menos propicio, tomando en consideración las limitaciones que aún existen producto de la pandemia por COVI-19, para lograr una efectiva, clara, amplia y justa participación ciudadana. Una propuesta de modificación de la Ley de Transparencia que sea producto solamente de ANTAI, el Ministerio de la Presidencia y la Asamblea Nacional, sin la debida participación ciudadana, sería violentar y retroceder nuestras libertades fundamentales. 

 

El escenario que vivimos actualmente requiere enviar un mensaje a la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (ANTAI), autoridad garante de estos derechos en el país, y al Ministerio de la Presidencia, instituciones llamadas a cumplir con las condiciones mínimas para cualquier propuesta de modificación de la Ley de Transparencia, a generar la debida advertencia a los diputados de la Asamblea Nacional de que estos derechos son atemporales e inalienables y procurar, entre otros aspectos, que:   

 

• • • La propuesta no puede retroceder ni desmejorar en nada la legislación actual. Ningún ente del Estado, funcionario o actor privado que maneje fondos públicos, pueden quedar exento de cumplir con la publicación de la información pública o de interés colectivo.  
    • La propuesta debe contener los nuevos estándares que contempla tanto el Acuerdo de Escazú como la Ley Modelo 2.0 de la Organización de Estados Americanos sobre el Acceso a la Información y la Libertad de Expresión.
    • La propuesta debe reconocer el derecho de acceso a la información pública como un derecho humano inalienable  -no una dádiva del Estado al ciudadano-, y no está sujeta al capricho de funcionario alguno, sea del poder que sea, Ejecutivo, Legislativo o Judicial.
    • La propuesta debe contener la información detallada de las planillas estatales, incluyendo el número de cédula como primer dato objetivo verificable.
    • La propuesta debe tomar en cuenta la nueva Ley de Protección de Datos garantizando que no pueda ser usada por los corruptos para esconderse.
    • La propuesta debe contener claras y eficientes protecciones para los solicitantes de acceso a la información pública, contra represalias por parte de funcionarios o ex funcionarios.
    • La propuesta debe contener una actualización que incluya la solicitud y entrega de información en nuevos medios tecnológicos, datos abiertos y cualquier otro adelanto tecnológico disponible de amplio acceso. 
    • La propuesta que sea llevada a la Asamblea Nacional debe haber sido producto de una amplia consulta ciudadana donde no haya habido discriminación por falta de acceso a internet o a equipos tecnológicos. 

También hemos recomendado que, desde el mecanismo de Gobierno Abierto, busquemos la vía para generar un proceso de consulta que lleve la observación y apoyo de PNUD, la participación técnica de la Alianza de Gobierno Abierto, el Foro Multisectorial y las entidades estatales que se mencionan en nuestras recomendaciones.  Los principios de la Alianza de Gobierno Abierto, a los cuales se comprometió el país, junto con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, constituyen referentes importantes para mejorar la calidad de la discusión nacional de cara a las modificaciones que requieren ambas leyes y la lucha por la transparencia nacional.     

 

Igualmente, hemos hecho llegar por correo electrónico nuestros aportes a los honorables diputados que han propuesto modificaciones a la Ley.

 

* Nota completa enviada por nuestra organización a la ANTAI disponible en  https://www.libertadciudadana.org/aportes-a-la-consulta-en-linea-sobre-la-ley-de-transparecia-y-la-ley-de-antai/