La amenaza sobre la posibilidad de un golpe de Estado que lanzó el presidente del PRD, Benicio Robinson, desde su curul parlamentaria, constituye una prueba de la grave situación que enfrenta la democracia panameña, ya palpable en la crisis de representación y prácticas opacas de los partidos políticos.
Es evidente que las crecientes exigencias ciudadanas de buen gobierno y transparencia, están provocando desesperación entre quienes han usado los recursos públicos a su antojo impunemente –evidenciado claramente en el proceso de elaboración y aprobación del Presupuesto de 2024– y, en consecuencia, se preparan para evitar que eso cambie.
El irresponsable manejo de los recursos públicos ha sido posible particularmente por la complicidad de los órganos de control del Estado, particularmente de la Contraloría, cuya Ley 351 de 2022 espera desde abril de 2023 fallo de la Corte Suprema sobre su inconstitucionalidad.
Si es cierto que en guerra avisada no muere soldado, los panameños debemos prepararnos para defender la democracia que tanto nos costó recuperar. El diputado Robinson nos ha avisado de lo que son capaces.