17 de Mayo de 2018
El país vive una muy peligrosa crisis institucional que tiene enfrentados al Órgano Ejecutivo y la Asamblea Nacional, producto del rompimiento de un cuestionable arreglo de gobernabilidad. Hoy sabemos –gracias al periodismo de investigación del diario La Prensa y las propias declaraciones posteriores de diputados y miembros del Ejecutivo— que este pacto se gestó a fuerza de fondos discrecionales facilitados a los diputados, bajo diversos esquemas cuyo común denominador ha sido el secreto y la opacidad. El resultado no solo es una lesión al patrimonio del Estado, cuyo número total de millones no se conoce aún, sino también una lesión al corazón de la democracia representativa y al Estado de Derecho.
En el ejercicio de la democracia, los diputados de la República deberían actuar en representación de la Nación y representar a los electores que los eligieron, actuando como contrapeso y balance al poder Ejecutivo. En 2014 la ciudadanía dio un voto de confianza a un Ejecutivo que prometió acabar con los esquemas clientelistas generados por fondos discrecionales como las partidas circuitales. Ha quedado al descubierto que estos esquemas sobreviven del Ejecutivo al Legislativo y del Legislativo al electorado.
La fuente, aprobación y manejo de fondos discrecionales por parte de los diputados se ha dado bajo varios esquemas: donaciones, contratos de servicios profesionales, tres planillas ahora reveladas y gastos de gasolina. La Asamblea Nacional tiene que rendir cuentas sobre estos dineros. En un Estado donde impera la Ley, nadie está por encima de su cumplimiento, la Asamblea Nacional tampoco. No obstante, a través de sus juntas directivas, la actual y las precedentes, ha demostrado un patrón de opacidad en su gestión y un distorsionado entendimiento de su rol constitucional. Hoy, no solo está violando la Ley de Transparencia al estar en desacato ante un Habeas Data de la Corte Suprema de Justicia, sino que se ha negado a que la Contraloría realice auditorías, escudándose en manidos argumentos de persecución política. Tal es su afán de no cumplir la ley, que sin éxito intentaron declarar inconstitucional la Ley de Transparencia.
Todas las entidades de investigación e instrucción con competencia en este esquema de uso discrecional de fondos, incluyendo a la Contraloría y al Ministerio Público, tienen que demostrar su independencia de los intereses del Ejecutivo, y tienen que cumplir con valentía y consistencia su mandato constitucional y su deber de investigación a toda la cadena de posible corrupción que va desde el diputado a la última persona que cobra el cheque.
En medio de esta crisis sin precedentes, el veto parcial del Ejecutivo al Proyecto de Ley 514, crea una oportunidad histórica para que la Asamblea Nacional actué con corrección, desistiendo de los artículos oportunistas que se añadieron al proyecto y enviando nuevamente al Ejecutivo el proyecto original, que únicamente modifica el Artículo 116 del Código Procesal Penal, inhabilitando permanentemente a quienes sean condenados por actos de corrupción para ejercer cargos públicos.
Tanto la propuesta de modificación al artículo 51 del Código Penal, eximiendo a las personas jurídicas que tuviesen roles pasivos en delitos, como la modificación del artículo 19 de la Ley 22 de 2006, inhabilitando permanentemente de contratar con el Estado a las empresas que se acojan a la colaboración eficaz, buscan ventajas e impunidad para los operadores políticos. En el primer caso, las investigaciones por el uso de partidas circuitales arrojan la información de que una pluralidad de personas jurídicas fue creadas y utilizadas por los diputados para ser vehículos pasivos en estos esquemas de manejo discrecional de fondos: fundaciones de interés privado, sociedades anónimas y asociaciones sin fines de lucro. Insistir en este artículo sería utilizar su prerrogativa legislativa para huirle a la Ley y crear esquemas de impunidad.
En el segundo caso, la inhabilitación permanente de las empresas, en la práctica crea un arma de intimidación que puede convertirse en la mordaza que asegure a los funcionarios y políticos corruptos que sus actos y esquemas permanecerán en secreto, porque las empresas no se arriesgarán a colaborar eficazmente. Es pertinente, sin embargo, ante los casos de colaboraciones que se han ventilado en los medios recientemente, cuestionar las condiciones de la colaboración eficaz, revisando la Ley 4 de 2017, y que esta no se convierta en mecanismo para la impunidad por su uso irresponsable, sin eliminar la herramienta que ha probado ser indispensable para revelar las estructuras secretas, que de otra forma no se descubrirían, especialmente en la lucha contra la gran corrupción.
Queremos diputados que actúen de forma transparente, den la cara, terminen con los esquemas de opacidad, y exigimos que:
Es evidente que, mientras los órganos del Estado no ejerzan sus roles de balance y limitación mutua, la libre prensa y la presión ciudadana son indispensables para la supervivencia de la democracia, como contrapeso al poder político.
17 de mayo de 2018.