El 20 de enero pasado ocurrieron dos hechos de gran relevancia en materia de justicia para el país: la suspensión de la audiencia del Caso Odebrecht y la declaratoria de inconstitucionalidad de las principales y más graves modificaciones introducidas por el ex contralor, Gerardo Solís, a la Ley Orgánica de la Contraloría y la Justicia de Cuentas.

Caso Odebrecht: la suspensión por un año más de la audiencia del Caso Odebrecht es una clara manifestación de la dilatación de la justicia, que abona el camino a la impunidad.

A diferencia de lo que ha sucedido en Panamá, los procesos penales avanzaron en otros países de la región donde operó la empresa constructora brasilera con el mismo patrón de criminalidad. Es el caso de Perú, que ha condenado a tres expresidentes (2017, 2018 y 2024); Ecuador, que ha condenado a un exvicepresidente (2017) y a un ex contralor (2018); República Dominicana, que ha condenado a un exministro de Obras Públicas (2025); y Colombia, que ha condenado a un ex Ministro de Trasporte (2017). En países como Argentina, Guatemala y México, los juicios se han iniciado y están en distintas etapas. En cuanto a la empresa, además del pago de multas, en México, Colombia, Perú, Argentina, Angola, Guatemala y República Dominicana, se le aplicaron limitaciones y/o prohibiciones para participar en obras públicas, algunas temporales y otras permanentes. Adicionalmente, Suiza sancionó a dos bancos, a ejecutivos de los mismos y a funcionarios en 2017, por haberse prestado a manejar la “Caja 2” de la empresa desde donde se giraban sobornos a múltiples países. En contraste, la Caja 2 operó en Panamá desde 2006 al 2014 y solo se le aplicó una multa a la empresa.

El desvío de recursos públicos mediante el esquema creado por Odebrecht con la complicidad de empresas y funcionarios, resultó en una enorme pérdida para el país cuyas cifras son de vértigo. Y hasta ahora, solo hemos visto impunidad.

Inconstitucionalidad de la Ley de la Contraloría: a pesar de la significativa demora, es una buena noticia que finalmente la Corte Suprema de Justicia se haya pronunciado declarando inconstitucional varios artículos de la Ley 351 de 2022 que dieron sustento a una gestión de la Contraloría General de la República caracterizada por la discrecionalidad, los fueros y abandono del deber constitucional de fiscalización y control de los recursos públicos.

Con este fallo la institución regresa al marco legal que su Ley 32 de 1984, Ley Orgánica de la Contraloría General de la República. En consecuencia, entre otras cosas se restaura el principio de estricta legalidad para la actuación de los funcionarios de la Contraloría, lo que implica la obligación de realizar y entregar las investigaciones y auditorías que les soliciten el Ministerio Público y la Fiscalía de Cuentas, documentos que constituyen las pruebas idóneas en los procesos judiciales. Lo anterior había sido sustituido por una discrecionalidad llamada cínicamente “cultura de la corrección”, por el ex contralor, Gerardo Solís.

Allí están para la historia el caso de los usos discrecionales de las ayudas para estudiantes del IFARHU, el penoso caso de la descentralización paralela o el sustento aportado por la Contraloría que permitió la prórroga del contrato con Panama Ports. Son solo unos pocos ejemplos de una penosa gestión realizada por el anterior Contralor, sustentada por la Ley que ahora es declarada inconstitucional.

La Ley 351 de 2022 es un caso de estudio sobre la separación de poderes y el Estado de Derecho, y como la corrupción afecta la democracia y la rendición de cuentas. Una mayoría legislativa del PRD y MOLINERA, aprobó en 2022 una ley que luego fue sancionada por el Ejecutivo, permitiendo el uso y abuso de los recursos públicos ocurridos durante la pasada Administración.

Finalmente, ante una acción ciudadana, es el Poder Judicial el que pone alto a este esquema que permitió la corrupción y la impunidad.

Agradecemos a las organizaciones, juristas y ciudadanos que apoyaron la presentación de la acción de inconstitucionalidad de múltiples formas. El pronunciamiento de la Corte es un triunfo del poder ciudadano y del Estado de Derecho.

Panamá, 21 de enero de 2025.

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