11 de Agosto de 2019
En la última semana tres casos han dado evidencia del profundo colapso de la administración de justicia panameña: el sobreseimiento de todos los involucrados en el esquema de uso de fondos de la Caja de Ahorros, el cierre del tiempo de investigación en el caso Odebrecht y, por último, el pasado viernes 9 de agosto, la declaración de no culpabilidad en el caso contra el expresidente Martinelli por interceptación ilegal de comunicaciones y varias formas de peculado. Hemos visto como la justicia en lugar de ser eficaz, equitativa y pertinente, se convierte en arma de la impunidad y socava la cohesión social y democrática a través de la destrucción del Estado de Derecho y la inexistencia práctica de la separación de poderes.
La crisis de la institucionalidad en la administración de justicia del país, y que abarca tanto al Ministerio Público como al Órgano Judicial, no se gestó en una semana, viene de hace más de una década, desde que se trazó la hoja de ruta de la reforma judicial y se estableció el Pacto de Estado por la Justicia, cuyos compromisos en su mayoría siguen sin implementarse, como la Carrera Judicial, y cuyos avances, como el Sistema Penal Acusatorio, se ven amañados por un sistema personalista de nombramientos de jueces, fuera de la Ley de Carrera Judicial, que ha inundado el sistema con operadores de justicia sin verdadera independencia, a todas luces susceptibles al miedo y a la corrupción, y sin mecanismo para lograr una efectiva rendición de cuentas de sus actuaciones judiciales. Jueces nombrados por Magistrados que, a su vez, son producto de nombramientos del Ejecutivo marcados en su mayoría por conflictos de intereses, inexperiencia, amiguismos, caracterizados por forjar pactos de mutua impunidad con el Órgano Legislativo, que a su vez no cumplen su rol de contrapeso al poder ejecutivo.
El caso del expresidente Martinelli es particularmente álgido porque en la Corte Suprema de Justicia reposan múltiples procesos por delitos contra la administración pública iniciados en su contra, pero no incluidos en el proceso de extradición. ¿Cómo aspirar que la ciudadanía quiera o pueda obedecer la ley en un sistema de justicia que solo garantiza impunidad para unos y mora para otros?
Como ciudadanos de una democracia –imperfecta como es, pero aún democracia– nos toca actuar, exigir el cumplimiento de la reforma judicial, apoyar al Pacto de Estado por la Justicia, no cejar en la insistencia y persistir ante las fuerzas de la corrupción que quieren que nada cambie porque el sistema les sirve tal como está.
Al Ministerio Público y al Órgano Judicial les exigimos: valentía, auditorías y evaluación de la gestión de cada despacho y cada instancia, cambio y modernización de la gestión, investigación y sanción de los operadores de justicia que hayan ejercido deficientemente u omitido sus deberes legales, dolosa o culposamente.
Al Órgano Ejecutivo: que el presidente Laurentino Cortizo cumpla la palabra dada al firmar el #RetoTransparencia2019, e incluirlo entre las acciones prioritarias de su Plan de Gobierno, donde se comprometió a:
“Nombrar magistrados y procuradores independientes sin nexos políticos, de negocios o familiares conmigo ni con ningún miembro de mi gabinete, con estricto cumplimiento de la Ley 4 de 1999 de igualdad de oportunidades”.
Si queremos acabar con la impunidad, necesitamos a los mejores operadores de justicia: probos, independientes, con experiencia judicial y valientes ante la corrupción. El Ejecutivo puede ayudar a mejorar o puede seguir empeorando la independencia de la institución.
Llamamos a la ciudadanía a resistir la corrupción en todas sus formas y a persistir en la búsqueda de soluciones. Estaremos publicando mañana lunes una convocatoria para unir fuerzas y buscar soluciones. Los ciudadanos conscientes y con vocación democrática somos más.
Panamá, 11 de agosto de 2019.