Ciudad de Panamá, 7 de agosto de 2024 — La Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana – Capítulo Panameño de Transparencia Internacional (FDLC-TI Panamá) en alianza con el PADF (Panamerican Development Foundation) y con el apoyo de la Embajada de Estados Unidos bajo la Iniciativa de Seguridad Regional Centroamericana (CARSI, por sus siglas en inglés) realizó la conferencia “Ley 6 de Transparencia y Acceso a la Información:  voces de autoridades, periodistas y ciudadanos”.

Esta conferencia se llevó a cabo como parte del proyecto IMPACTO, cuyas siglas en inglés corresponden a Iniciativa para el Monitoreo, Promoción y Avance de la Transparencia Cívica y la Fiscalización, que lleva adelante FDLC-TI Panamá, el cual busca sensibilizar a la ciudadanía sobre la importancia de la Ley 6 de 2002, al igual que resaltar las mejores prácticas de acceso a la información, entre otras normativas que promuevan la transparencia y la lucha anticorrupción.

“La Ley 6 es la columna vertebral de un Estado de derecho que respeta las libertades fundamentales y el acceso a la información como elemento esencial de la libertad de prensa y la participación ciudadana”, resaltó Olga de Obaldía, directora ejecutiva de la Fundación Libertad Ciudadana, a la vez que agregó que uno de los objetivos de la conferencia es examinar el estado actual de la transparencia y la disponibilidad de la información pública en Panamá, lo cual es un elemento crucial para la prevención de la corrupción.

La conferencia contó con las palabras de bienvenida de Simón Tejeira, gerente de Proyectos de FDLC-TI Panamá; mientras que las de apertura estuvieron a cargo de Joaquín Vallejo, director Adjunto para Democracia, Gobernanza y Derechos Humanos y Líder Anticorrupción de PADF.  Posterior a ello, se desarrollaron dos paneles de discusión. El primero con autoridades locales, integrado por: la Honorable Representante Serena Vamvas, del Corregimiento de San Francisco; el Honorable Representante Pier Janson, del corregimiento de Don Bosco y el señor Manuel Colina, director de Participación Ciudadana y Transparencia de la Alcaldía de San Miguelito, con la moderación del periodista Félix Chávez de Eco TV.

En este espacio los panelistas presentaron los planes de transparencia para sus gestiones, en cumplimiento con la Ley 6 de 2002 y compartieron las experiencias de opacidad que enfrentaron durante el período de transición.

El segundo panel contó con la participación de actores externos al gobierno, como periodistas, sociedad civil y academia.  El mismo estuvo integrado por Sol Lauría, periodista de investigación; Joana Abrego, Gerente Legal del Centro de Incidencia Ambiental (CIAM) y el doctor Arturo Rebollón, epidemiólogo, profesor e investigador en la University of South Florida. Este conversatorio contó con la moderación de la periodista Dalia Pichel, de Nueva Nación.

En este panel, los integrantes contaron sus experiencias al solicitar información a entidades públicas (ejerciendo el derecho que la Ley 6 de 2002 otorga a todos los ciudadanos), incluyendo historias de éxito, obstáculos enfrentados y recomendaciones para mejorar esta ley y su implementación.

El objetivo de ambos paneles fue generar un espacio de intercambio de experiencias, conocimientos y buenas prácticas entre los distintos actores, así como propuestas para mejorar el acceso a la información pública en Panamá. El evento cerró con una breve relatoría, realizada por Olga de Obaldía, directora ejecutiva de FDLC-TI Panamá, enunciando las principales ideas, retos y mejoras que se plantearon como necesarias para el acceso a la información pública en Panamá.

Es importante recalcar como antecedente que, dentro del proyecto IMPACTO, también está el Compromiso por una Asamblea Transparente, presentado por la FDLC-TI Panamá y la Fundación Espacio Cívico. Este fue firmado por 63 candidatos a diputados, entre ellos 18 diputados electos, en el que se incluyó el fortalecimiento de la Ley 6 de 2002 por lo que la instalación de la primera Mesa de Trabajo con diputados electos en seguimiento al compromiso -el pasado 5 de junio- contó con expertos que expusieron sobre los antecedentes de Ley 6, las mejores prácticas regionales de acceso a la información y la falsa tensión entre esta ley y la de Protección de Datos Personales.

“Con esta conferencia queremos identificar con los actores invitados las brechas del cumplimiento de la Ley 6 de 2002, así como los pasos necesarios para cerrarlas, recordando que el acceso a la información pública y la transparencia son esenciales en la gobernabilidad democrática. Por esta razón, estamos trabajando con diputados que ya presentaron anteproyectos de Ley que modifican la Ley 6, de manera que las mismas sean debatidas con una participación ciudadana amplia y activa, siguiendo los mejores estándares internacionales, incorporando las mejores propuestas para tener una normativa de transparencia que sea lo más robusta posible”, puntualizó Olga de Obaldía, directora Ejecutiva de la Fundación Libertad Ciudadana.

Antecedentes

La Ley 6 de 2002 -que dicta normas para la transparencia en la gestión pública, establece la acción de Hábeas Data y decreta otras disposiciones- fue una de las primeras leyes que garantizaron el acceso a la información pública en la región y ha sido esencial para enfrentar la opacidad de parte de instituciones públicas.

Esta legislación es una herramienta indispensable para los periodistas de investigación y organizaciones de la sociedad civil en su rol de contrapeso y control social, además de regular las formas de participación ciudadana.  Tras la aprobación de la ley, hubo dificultades para que se implementara; la transformación desde la cultura de opacidad hacia la rendición de cuentas ha sido lenta pero incremental, requiriendo aún mayor aplicación hoy ante retrocesos formales de la última administración.

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