20 de Septiembre de 2017
La solicitud de sobreseimiento provisional que recomienda el Ministerio Público en relación a la denuncia presentada por nuestra Fundación contra seis funcionarios de la Asamblea Legislativa, el pasado 22 de abril de 2017, por el delito de peculado a través de la figura de donaciones, según pruebas presentadas por el diario La Prensa, y que pudieran ascender a 14 millones de dólares, es una oportunidad desperdiciada de parte de la Procuradora y sus Fiscales de demostrar su empeño en luchar contra la corrupción. La corrupción surge donde existe la inclinación y la oportunidad. La Asamblea ha sido ejemplo de este binomio. Es deber del Ministerio Público ayudar a minimizar las oportunidades para el comportamiento corrupto y posibilitar que aquéllos que son corruptos puedan ser investigados y sancionados debidamente.
La petición del fiscal Javier Mitre Burgos se sustenta en la falta de información clave para las pesquisas, información que no le ha sido proporcionada por la propia Asamblea, que una vez más se pone por encima de la Ley. Un fiscal que genuinamente quiere obtener información, no la solicita amablemente. La obtiene mediante todos los mecanismos legales disponibles. Es una burla a la ciudadanía pretender que la información sobre actos delictivos se obtendrá a las buenas y que si no se obtiene de esa manera, debemos conformarnos.
La falta de voluntad del Ministerio Público de utilizar todas las herramientas investigativas que le concede la Ley y la complicidad de la Asamblea en proteger a sus funcionarios, son la combinación perfecta que consigue un solo resultado: la impunidad.
Llamamos al Fiscal a seguir investigando con independencia y sin dejarse llevar por presiones internas o externas. Como denunciantes buscaremos todas las herramientas que nos brinde el Código Procesal para que esta investigación no engrose las filas de los casos de corrupción que terminan impunes.
Panamá, 20 de septiembre de 2017.
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