Pandora Papers y Panamá: Más allá de lo “legal”

6 de Octubre de 2021

TI-Panamá llama al gobierno y al sector privado de servicios offshore  a hacer los cambios que exigen los estándares actuales de transparencia y cooperación internacional contra el blanqueo de capitales y a no sacrificar al resto del país con el costo reputacional, económico, legal y ético provocados por un modelo de gestión inviable.

La investigación Pandora Papers, del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) ,  ha vuelto a enfrentar a Panamá a un dilema entre lo ético y lo legal, dado el rol que aún juega en la habilitación internacional del crimen organizado, la corrupción y el blanqueo de capitales, como han evidenciado los datos filtrados de 14 proveedores  de vehículos financieros offshore y servicios relacionados en 38 jurisdicciones, entre ellos 2 proveedores locales, cuyos archivos fueron obtenidos y analizados por el ICIJ. La información divulgada en la filtración evidencia que es tarea pendiente para el país -tanto en el sector público como el privado- dejar de ser habilitadores de un sistema paralelo que permite a criminales de diversa naturaleza, esconder, mover y gozar sus riquezas mal habidas, promover el fraude, el soborno internacional, la evasión fiscal,  entre otros, todos delitos constitutivos de blanqueo de capitales. ¿Cuántos proveedores locales de servicios offshore en el país siguen siendo habilitadores?

Para Panamá el dilema no es nuevo, no se trata únicamente de la filtración anterior de 2016, que generó cambios normativos pero que, en la práctica, no  fueron suficientes ni  oportunos. Desde el año 2000, en que recibimos nuestra primera calificación como país no cooperador, pasando por las 40 recomendaciones técnicas del Grupo de Acción Financiera (GAFI) y, sobre todo, las deficiencias en los niveles de cumplimiento efectivo,  hasta el anuncio de ayer de la Unión Europea de que mantiene a Panamá en su lista negra de paraísos fiscales, el país ha cumplido –forzadas y a medias—  las recomendaciones de cambio de gestión y regulación, a menudo sin la voluntad política para lograrlo. Voluntad gubernamental que el sector que presta servicios offshore ha influenciado desproporcionadamente, logrando mantener el status quo, esgrimiendo -además- un discurso nacionalista que poco sirve al abordaje efectivo del problema, sus causas y efectos.

Transparencia Internacional ha venido trabajando este tema desde hace décadas, particularmente los múltiples sistemas offshore. En estos sistemas se esconden el crimen organizado y políticos corruptos que han prometido cumplir sus leyes, no lo hacen y exigen, con sanciones incluidas, a sus ciudadanos que lo hagan. Ocultan fortunas producto del saqueo a nuestros países -en todas las regiones- en esquemas corruptos y corruptores, que desvían los recursos que las poblaciones necesitan. Es un tema de equidad y justicia que queda en evidencia.  Localmente, nuestro capítulo ha trabajado a profundidad en recomendaciones puntuales a partir de un estudio del Registro Único de Beneficiarios Finales en Panamá, cuya implementación está pendiente desde hace 18 meses cuando se aprobó la ley 129 de marzo de 2020.  Un registro tal, especialmente abierto al público, sería un paso para acercarnos, a través de la transparencia, a que las personas jurídicas dedicadas a actividades lícitas puedan desempeñarse con seguridad y a cerrar el cerco a aquellas que son vehículos para el crimen y la corrupción.

Es evidente que el problema de los flujos ilícitos es global, no local, y, como tal, la respuesta de Panamá a los Pandora Papers no puede ser enterrar la cabeza en la arena y señalar a las otras 37 jurisdicciones incluidas en la filtración. Es perentorio que como país enfrentemos que un modelo opaco y de laissez faire de generar y vender personas e instrumentos jurídicos de hace casi un siglo, sin mayores responsabilidades, no se sostiene en la era digital y de la transparencia proactiva. Sumado a que no tenemos las herramientas institucionales para prevenir los conflictos de intereses en el sector público ni hacer cumplir la ley, dada la debilidad de nuestras instituciones regulatorias, de justicia penal y de control.

Principalmente, tenemos que enfrentar la realidad de que hay un deber ético en no facilitar que corruptos y criminales tengan donde esconderse, son inviables  los argumentos de que otros que lo demandan no lo hacen y de que el país y el sector económico que brinda el servicio no son responsables. Tan inviables como pretender ser un centro financiero internacional en permanente lucha contra el resto de la comunidad financiera internacional y los estándares internacionales. El modelo de gestión tanto del gobierno como del sector de servicios offshore debe  cambiar  a la viabilidad de la nueva normalidad de transparencia corporativa y económica que  permita a Panamá actuar con legitimidad  en la comunidad internacional.  No hacerlo sería  seguir sacrificando al resto del país a un costo reputacional, económico, legal y ético que ya estamos pagando con creces.