PRONUNCIAMIENTO de un grupo de organizaciones y movimientos por la transparencia, integridad y contra la corrupción, ante la crisis que enfrenta el país

26 de Julio de 2022

 

Las organizaciones de sociedad civil y movimientos ciudadanos suscritos observamos con preocupación la crisis que enfrenta el país desde hace tres semanas, y que a la fecha no ha tenido respuesta efectiva por parte del gobierno.

 

Las protestas diarias en todo el país, así como los cierres de calles generalizados, evidencian un profundo malestar social y una grave crisis de gobernabilidad, motivada inicialmente por causas económicas, debido al aumento del costo del combustible y la consecuente inflación.

 

Sin embargo, existen causas mucho más profundas y estructurales que han provocado el deterioro de la institucionalidad, que hoy es incapaz de resolver los problemas que enfrenta el país en materia de justicia, desigualdad y exclusión. Estos problemas incluyen una corrupción sistémica, falta de transparencia en la gestión pública, el uso irresponsable de los recursos públicos, clientelismo, impunidad, entre otros factores.

 

Por ello, y conscientes que el estado de deterioro de la institucionalidad está afectando la convivencia pacífica de la sociedad panameña, nos congregamos en esta coalición con el propósito de formar parte de la mesa única de diálogo, específicamente la mesa temática sobre transparencia y anticorrupción, y presentar acciones para ser ejecutadas a corto y mediano plazo, de manera que sean discutidas ampliamente por quienes participan en este importante proceso de búsqueda común de acuerdos.

 

ACCIONES INMEDIATAS:

1. Contención del gasto y deuda pública:
a. Planilla estatal: es necesario que el servicio civil responda a criterios técnicos, profesionales y despolitizados, por lo que se requiere una auditoría de recursos humanos que permita un servicio público eficiente.
b. Consultorías: eliminar las consultorías que no estén alineadas con proyectos de desarrollo, y hacer de acceso público la información sobre las consultorías ya pagadas, así como los beneficiarios finales de cada una de ellas.
c. Gastos discrecionales: eliminar el uso discrecional de fondos públicos para esquemas de política clientelista, privilegios, prebendas y gastos injustificados de funcionarios que son un agravio a la institucionalidad democrática.
d. Subsidios: reestructurar los programas de subsidio bajo criterios estratégicos y procesos de rendimiento de cuentas. En el caso de los subsidios de cualquier naturaleza a empresas, debe haber una debida diligencia del Estado que transparente los beneficiarios finales.
e. Publicidad Estatal: transparentar y restringir la asignación de fondos destinados a la publicidad del Estado tales como pautas, que hoy en día son designadas discrecionalmente a medios afines al gobierno.

2. Estado de Derecho:
a. Estado de Emergencia: poner fin al estado de excepción por emergencia en el que se mantiene el país, que ha agravado la falta de transparencia y ha incrementado la corrupción.
b. Acceso a la información: poner fin a la discrecionalidad existente en el cumplimiento de la Ley 6 de 2002 (Ley de Transparencia), de manera que ninguna institución o funcionario pueda negarse a brindar la información sobre el manejo de recursos públicos.

3. Instituciones de control:
a. Contraloría General de la República: han sido tres años de inoperancia, politización de la institución y complicidad en el uso clientelar de los recursos públicos, por lo que es preciso recuperar su rol fiscalizador o que su dignatario renuncie.
b. ANTAI y la Defensoría del Pueblo: Fortalecer la autonomía e independencia de la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información – ANTAI y la Defensoría del Pueblo, de tal manera que sean realmente instancias de control, y garantizar un presupuesto que no limite su funcionamiento.

 

ACCIONES A CORTO PLAZO
Frente a la actual coyuntura proponemos la aprobación de los siguientes proyectos de ley:

1. Conflicto de Intereses: este importante proyecto que previene y sanciona que los funcionarios actúen bajo la influencia de conflictos de intereses contrarios a su deber de independencia y probidad, fue devuelto con objeciones a la Asamblea Nacional por el Órgano Ejecutivo. Urge su aprobación.

2. Protección de denunciantes: se requiere proteger a las personas que denuncien actos de corrupción, especialmente a los servidores públicos.

3. Imprescriptibilidad y revisión de las penas de los delitos de corrupción: es urgente aumentar las sanciones de los delitos contra la administración pública y corrupción, que en estos momentos son excesivamente bajas.

4. Reglamento de la Asamblea Nacional: se trata de una promesa incumplida por diversas directivas de la Asamblea, lo que permite el actual manejo de la institución que incluye reuniones de comisiones sin registro, ausencias, nombramientos de planillas clientelares de operadores políticos, falta de rendición de cuentas, votación opaca, usurpación de actividades de autoridades locales, etc.

5. Regulación y registro del “lobby” o cabildeo: El lobby es una actividad legítima, que puede generar un proceso de toma de decisiones donde todos los intereses afectados estén representados. Sin embargo, para evitar abusos, captura del gobierno por intereses económicos y distorsiones, debe ser llevado con transparencia y asegurando su integridad. Proponemos un mecanismo eficiente que incluya: (a) un registro público de lobbistas nacionales e internacionales, y que estos declaren las intenciones o intereses que se buscan promover y los clientes a quienes representan; (b) un registro en la Asamblea Nacional y uno en el Ejecutivo de reuniones de funcionarios con lobbistas, regalos, viajes, etc.

6. Extinción de dominio de bienes ilícitos: desarrollar una herramienta efectiva para quitarle al crimen organizado los activos que permiten su operación, tanto internacional como local. El actual proyecto de ley presentado por el Ejecutivo a la Asamblea requiere profundos cambios de fondo y forma para cumplir ese fin.

 

ACCIONES A MEDIANO PLAZO

1. Carrera Administrativa: Restaurar la Carrera Administrativa, poniendo a disposición de la ciudadanía un informe del estatus actual de su implementación, homologación de perfiles, puestos y salarios, y una hoja de ruta de los pasos a seguir para cumplir con su debida implementación.

2. Carrera Judicial: avanzar en el proceso de implementación de la Carrera Judicial que ha iniciado la actual directiva de la Corte Suprema de Justicia, para garantizar la independencia e imparcialidad en la función jurisdiccional, promoviendo la meritocracia, eliminando los nombramientos discrecionales y castigando las faltas a la ética y actos de corrupción de los operadores de justicia.

3. Presupuesto Abierto: cumplir con los estándares internacionales de presupuestos abiertos, lo que implica procesos de planificación y rendimiento de cuentas en la ejecución del presupuesto, incluyendo el destino que se le ha dado a los fondos recibidos a través de adquirir más deuda pública internacional.

 

No queda duda de que Panamá requiere un nuevo Pacto Social basado en la defensa de los derechos humanos, la justicia, la democracia participativa y el Estado de Derecho. La actual crisis, con sus legítimos reclamos, abre la oportunidad para hacer cambios en las estructuras que permitan transparencia, rendición de cuentas y en fin, la defensa del sistema democrático.

 

Invitamos a todos aquellos que quieren ver un Panamá democrático, más transparente, no asolado por la corrupción y que garantice una mejor calidad de vida para todos sus habitantes, a unirse a este grupo.

 

Ciudad de Panamá, 26 de julio, 2022.

 

Firman este pronunciamiento en común:

Centro de Iniciativas Democráticas – CIDEM
Ciudadanía Activa
Civitas
Fundación Espacio Cívico
Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana – Transparencia Internacional Panamá
Movimiento Ciudadano Anticorrupción
Movimiento Independiente por Panamá – MOVIN
Panamá Joven
Red Nacional de Jóvenes por la Transparencia

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