La Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana – Capítulo Panameño de Transparencia Internacional- desea dejar constancia de su rotundo rechazo al anteproyecto de ley “Que dicta disposiciones sobre amnistía, indulto, rebaja de pena y concesión de libertad condicional, modifica el Código Penal y el Código Procesal Penal”, presentado por el diputado del Partido Realizando Metas Luis Eduardo Camacho, el 29 de julio del presente año ante la Asamblea Nacional.

Es de todos conocido que el objetivo del citado proyecto es impedir que cumplan su condena una serie de exfuncionarios investigados y procesados por delitos contra la Administración Pública, en especial el expresidente Ricardo Martinelli. En este último caso, se trata de una de las pocas condenas por blanqueo de capitales lograda por el Sistema de Administración de Justicia en un esquema de gran corrupción, con afectación millonaria al erario.

Además, el citado proyecto introduce reformas al Código Penal que permitirían aplicar las importantes figuras del indulto o la amnistía a delitos comunes, más allá de los delitos políticos que contempla la Constitución, e introduciendo una serie de definiciones que van a contramano de la doctrina nacional e internacional sobre la materia.

¿Cómo se compagina este anteproyecto con el plan del gobierno de sacar a Panamá de las listas internacionales de no cooperación en la lucha contra los flujos ilícitos producto del crimen organizado, la corrupción y la evasión? ¿Cómo reaccionarían las principales calificadoras de riesgo internacional, como Moody’s, Standard & Poor’s y Fitch, ante una legislación que producirá una escandalosa impunidad?

Al final de la pasada administración, estas entidades rebajaron la calificación crediticia de Panamá, alegando la creciente preocupación por la debilidad de las instituciones públicas del país y la erosión del estado de derecho. Las agencias citaron la falta de transparencia gubernamental, la interferencia política en el sistema judicial y la percepción de corrupción generalizada como factores claves que socavan la confianza de los inversores y amenazan la estabilidad económica a largo plazo de Panamá.

Llamamos a todos los sectores políticos y a la ciudadanía en general a oponerse a esta iniciativa que debilitaría la separación de poderes, la lucha contra la corrupción y el crimen organizado, ya que, por legislar para favorecer a una sola persona, se abre la puerta a otros infractores. Instamos a los diputados a priorizar el país sobre intereses partidistas o individuales.