En relación con el Proyecto de Ley 163 que reforma la Ley Orgánica de la Caja del Seguro Social que está siendo discutido en la Asamblea Nacional, la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana aplaude la decisión del Gobierno Nacional de enfrentar la crisis financiera del Programa de Invalidez, Vejez y Muerte. Se trata de una asignatura pendiente hace mucho tiempo, por lo que abordarla es lo correcto.

Sin embargo, las reformas propuestas al sistema de pensiones deben ser acompañadas de cambios en las fórmulas de gobernanza, de manera que se garantice la transparencia, el control a los tan comunes conflictos de intereses, el rendimiento de cuentas y, en general, el manejo responsable de la institución y sus recursos.

Como Capítulo Panameño de Transparencia Internacional, nos preocupa el abordaje superficial que hace la propuesta sobre los controles que se requieren para evitar los casos de corrupción a los que nos tiene acostumbrados la institución. Se trata, como es del conocimiento público, de casos que han quedado en la impunidad, erosionando la confianza pública y agravando la crisis financiera.

En consecuencia, hacemos una lista no exhaustiva de los temas que, desde nuestro punto de vista, deben ser abordados en profundidad en materia de gobernanza:

1. Junta Directiva: la composición y funciones de la Junta Directiva debe incluir requisitos de independencia, experiencia técnica, control de conflictos de interés y rendición de cuentas. Mantener un sistema que hace de los directivos defensores de intereses particulares, al representar sectores o gremios, es un error. Se requieren directores realmente independientes que velen por los intereses de la institución en su conjunto. Lo mismo debe aplicarse al Director General.

2. Fondos de inversión: de aprobarse la fórmula que permita invertir los fondos de la CSS en administradores privados, es preciso establecer procesos rigurosos de selección que vayan más allá de la actual ley de contrataciones que, como es bien sabido, tiene una larga lista de excepciones que hacen de la contratación directa la regla y no la excepción. Además, se debe ser muy exigente en los estándares de cumplimiento, auditoría y supervisión de estas empresas, incluyendo certificación de cumplimiento internacional y rendimiento de cuentas periódicos. Lamentamos que la propuesta haya eliminado el numeral 5 del artículo 108 de la ley vigente, que exigía la adopción de reglas del buen gobierno corporativo para estas empresas.

3. Procesos de compras: es indispensable que existan mecanismos de licitación más transparentes a los actuales, así como eliminar lagunas legales que han facilitado en el pasado adjudicaciones directas irregulares.

4. Auditorías independientes: proponemos la incorporación de auditorías externas periódicas, realizadas por entidades independientes.

5. Transparencia: tal y como requieren las reglas del gobierno abierto que en principio ha adoptado Panamá, la CSS debe poner a disposición toda la información relativa al manejo de la institución como los gastos en planilla, contratos, alquileres y similares, que faciliten la veeduría ciudadana, siguiendo los estándares de datos abiertos disponibles en línea.

Reiteramos nuestro apoyo al proceso que ha iniciado el gobierno nacional en la búsqueda de sostenibilidad para el sistema de pensiones. Pero, igualmente, insistimos en que esos cambios requieren una institucionalidad eficiente, moderna y transparente, que combata con decisión la corrupción.

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