La Fundación Libertad Ciudadana lamenta que una figura noble del derecho internacional como el asilo, sea utilizada para garantizar impunidad al expresidente Martinelli, condenado por lavado de activos, un delito común y no político.
Una vez emitido el salvoconducto al expresidente , el Estado panameño tiene la obligación de asegurar su cumplimiento hasta que llegue a Nicaragua. Seguidamente le corresponde solicitar una alerta de captura a interpol para evitar que de allí viaje a otros países.
La impunidad daña profundamente las bases del Estado de Derecho y la confianza ciudadana en la democracia.