6 de Julio de 2020
La Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, Capítulo Panameño de Transparencia Internacional, tiene la defensa y difusión de las libertades fundamentales, junto a la transparencia y anticorrupción, como una de nuestras áreas principales de acción. La medida cautelar de secuestro civil de las cuentas bancarias de un medio de comunicación —hoy del diario La Prensa, mañana de cualquier otro medio— que impida su operación, es una afectación a la libertad de información y opinión y puede ser una acción de hostigamiento judicial, si el judicial así lo permite.
Qué es el hostigamiento Judicial:
Una de las estategias más utilizadas para silenciar e intimidar no solo a la libre prensa, sino también a los defensores de derechos humanos, es el abuso del sistema judicial. Cualquiera es libre de reclamar sus derechos ante los operadores de justicia. Estos operadores deben evitar que se abuse del derecho y, con medidas cautelares desproporcionadas, provocar el hostigamiento. Este hostigamiento, que puede llegar a ser terror judicial, puede incluir como hemos estado viendo en Panamá, acusaciones criminales, cuantiosas demandas civiles o procesos administrativos. Hemos visto, adicionalmente, esta forma de intimidación dirigida contra los propios operadores del sistema de justicia: jueces, fiscales y administrativos. El objetivo del hostigamiento judicial es claro: distrae tiempo, energía y recursos de la labor del demandado, y cuando se trata de un medio de comunicación, es aun más claro: silenciarlo y arrodillarlo.
Por qué nos afecta a todos el secuestro de La Prensa:
La libertad de información y opinión es una de las libertades fundamentales del ser humano, y una de sus principales vías es la libre prensa, hoy digital además de radial, impresa y televisiva. Es un derecho colectivo esencial a la democracia, porque sin la libertad de expresión y de prensa, no podemos difundir ni defender el resto de los derechos ni acceder a la información pública, que es también un derecho. En estos tiempos de pandemia, bajo un estado de excepción, la función de los medios de comunicación es vital: ya hemos visto cómo la diligencia y control social de los medios, junto a organizaciones y ciudadanos, es lo único que ha impedido algunos de los usos discrecionales de los fondos que deben usarse para aliviar la crisis de salud, económica y social y que podrían haber sido desviados por la corrupción.
Por qué necesitamos una justicia imparcial en Panamá:
El servicio de los medios de comunicación a la libertad de expresión es un servicio esencial y como tal debe ser visto por los operadores de justicia. Los medios de comunicación están sujetos a responder civilmente en los tribunales de justicia, luego de un debido proceso, ante cualquier persona que se considere afectada por sus actuaciones. Sin embargo, la importancia de una justicia independiente, que dé tranquilidad a las partes y a terceros, es fundamental para todos y no puede pasar desapercibida. La norma del Código Judicial para medidas cautelares, en general pide al juez que procure evitar daños y perjuicios y molestias innecesarias en la adopción o ejecución de la medida y que puede de oficio, sustituir la medida, en el acto de la ejecución, oyendo al actor y, si fuera viable al demandado, siempre que queden plenamente asegurados los intereses del actor. Un buen juez busca atender las necesidades de las partes, sin perjudicar, especialmente si se trata de derechos fundamentales.
Necesitamos una Justicia objetiva que no tenemos ni percibimos tener. El abuso del sistema judicial por un expresidente que busca detener la operación de un medio pone a toda la ciudadanía en alerta. Su interés es que La Prensa no publique hechos como los publicados y en este contexto, las medidas de aseguramiento económico no son adecuadas. Apoyamos a La Prensa, y los demás medios y activistas que están sufriendo esta iniquidad del sistema.
Panamá – 6 de julio 2020
Carlos Barsallo – Presidente
Arlene Calvo – Vicepresidenta
Jorge Molina Mendoza – Secretario
Claudio Valencia – Tesorero
Felipe Ariel Rodríguez – Fiscal
Felipe Chapman – Director
María Luisa Romero – Directora
Lina Vega – Directora
Olga de Obaldía – Directora Ejecutiva
Nota: Los directores Diego Quijano e Ithiel Roberto Eisenmann se abstuvieron de participar en la deliberación y redacción de este comunicado para evitar cualquier conflicto de intereses.