Veto del proyecto de ley de Conflictos de Intereses: Clara falta de voluntad política por la transparencia

10 de Junio de 2022

A pocos días de cumplir tres años de gobierno, el presidente Laurentino Cortizo vuelve a demostrar una clara falta de voluntad política hacia la transparencia, esta vez con el veto publicado al Proyecto de Ley 329 de 2021, que prevendría situaciones de conflictos de intereses en el desempeño de los servidores públicos. Resulta decepcionante comprobar que el presidente deja vacía de todo contenido sus promesas y compromisos de campaña, como el que asumió con el #RetoTransparencia2019, promovido por nuestra Fundación e incluido en   la página 23 de su Plan de Acción Uniendo Fuerzas presentado al país antes de las elecciones generales de 2019.  

En deuda se encuentra el Ejecutivo con el paquete de leyes anticorrupción, que incluyen: 

• Conflictos de intereses 

• Declaraciones patrimoniales 
• Protección de denunciantes 
• Actualización de la Ley del Tribunal de Cuentas 
• Ley de extinción de dominio 
• Ley anti-soborno 
• Reformas al Código Penal en lo relativo a delitos contra la administración pública 
• Actualización de la Ley de Transparencia y a la Ley de la ANTAI 

El resultado de estos tres años de gobierno, es que el Ejecutivo no ha ejecutado su iniciativa legislativa y decepcionantemente ha vetado este proyecto de ley que pudiese traer mejoras a la integridad pública y respaldar la lucha ciudadana contra la corrupción y la impunidad, que tanto daño hacen a la sociedad y al país.  

El veto publicado por el Ejecutivo es un ejercicio que raya en la superficialidad en sus argumentos. Entre lo que objeta por inconveniente, está un prurito semántico en el uso de palabras sinónimas en el contexto de intereses “personales” vs “particulares”, y la falta de competencia actual de la ANTAI para investigar y dictar sanciones administrativas al presidente, diputados y magistrados de la Corte Suprema y del Tribunal Electoral, facultad que precisamente le otorga el proyecto de ley vetado.  Entre las objeciones de inconstitucionalidad, se cita el Artículo 32 de la Constitución que establece que “nadie será juzgado, sino por autoridad competente y conforme a los trámites legales, y no más de una vez por la misma causa penal, administrativa, policiva o disciplinaria”, resultando en una contradicción en principio ya que el Proyecto de Ley 329 precisamente crea la facultad y los trámites. Sorprende, además, el contenido del veto ya que el Ejecutivo fue representado en la Comisión Ad Hoc que trabajó la iniciativa precisamente por ANTAI. 

Hacemos un llamado a la bancada independiente en la Asamblea Nacional para que continúen su labor en pos de un marco jurídico que ayude a prevenir la corrupción, al presidente de la Asamblea Nacional, Crispiano Adames, a cumplir con sus votos públicos por mejorar la transparencia y a insistir en que se logré aprobar el Proyecto de Ley 329 “Que regula situaciones de conflicto de intereses en la función pública” y a la ciudadanía para que manifieste su descontento con estas acciones del Ejecutivo y no cese de exigir transparencia e integridad en la gestión pública. 

Panamá, 10 de junio 2022.